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Promoción industrial: El fantasma vuelve a acechar a Mendoza

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05/10/08
Fuente: Diaro Los Andes | Federico Manrique – Ilustración: Gabriel Fernández

La reasignación de cupos en las vecinas provincias y la posibilidad de que se extiendan beneficios por otros 15 años reavivaron el debate de un sistema que viene castigando con dureza a la provincia desde hace 25 años. Mientras el sector empresario local ya elevó su voz de alerta, se vuelve a plantear la necesidad de discutir políticas de desarrollo a nivel regional que prioricen los encadenamientos productivos…

El fantasma de la promoción industrial vuelve a amenazar a la producción de Mendoza con la prolongación de asimetrías fiscales que ya llevan 25 años de vigencia.

El beneficio impositivo que se instauró en la región (San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca) con el propósito de facilitar la radicación de industrias vuelve a ocupar el centro de la escena política y económica frente a la posibilidad de que se extiendan los plazos más allá de su fecha límite prevista para el 2012 o que se reasignen cupos caídos para beneficiar a nuevas empresas.

Al menos ya hay dos hechos contundentes por detrás de las declaraciones públicas de gobernadores y vices de las provincias promocionadas, que están hablando de la conveniencia y necesidad de extender los beneficios en sus respectivas jurisdicciones para evitar el cierre y éxodo de empresas de sus territorios.

El 8 de agosto pasado se conoció que la Nación autorizó la reasignación de $330 millones en cupos fiscales de promoción industrial para La Rioja. De ese total, $130 millones benefician directamente al grupo Bom Retiro, que se hizo cargo de la Curtiembre de Nonogasta.

En San Juan, también volvió a discutirse la necesidad de prorrogar beneficios frente al éxodo de industrias que puede sufrir esa provincia a partir de la caducidad de la promoción industrial. Un ejemplo de ello es Cepas Argentinas, que en 2002 perdió los beneficios y ya en 2004 trasladó a Buenos Aires primero su línea de bebidas sin alcohol (amargos) y ahora también sus marcas Cinzano y Gancia para dejar sólo la división de mostos, según una serie de notas publicadas en Diario de Cuyo que tienen como fuerte a directivos de la empresa.

En su época de apogeo, el sistema de promoción industrial benefició a unas 200 empresas en San Juan, pero hoy sólo quedan unas 60 que le dan trabajo a más de 1.000 familias, luego de los vaivenes financieros y de la no renovación del beneficio tras terminarse el primer período de entre 10 y 15 años.

Sin la promoción, no saben cuántas, pero desde la Unión Industrial de la vecina provincia calculan que “muchas” desaparecerán cuando termine el régimen en 2012. De ahí las renovadas presiones del sector empresario al gobierno de San Juan para que inicie gestiones en la Nación para reasignar cupos y extender plazos.

Frente a la sola mención de este hecho y a la posibilidad de reasignar cupos caídos o extender por 15 años más los perjuicios que la promoción industrial trajo a Mendoza, es que se encendió nuevamente la polémica y desde el sector empresario local no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados.

Historia

El régimen de promoción industrial se creó para conseguir la radicación de industrias en las provincias alejadas de los principales conglomerados urbanos del país. La idea original era generar incentivos que permitan un desarrollo más armónico del país de la mano de la industria.

A cambio, y para compensar esas desventajas, las empresas recibían beneficios impositivos como exenciones en el pago del impuesto a las ganancias, bienes personales e IVA en todas las inversiones fabriles radicadas en La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.

Luego, durante la década de los ‘90, se fueron modificando las condiciones y pasando el control desde la Nación a las provincias, lo que permitió que se flexibilizara el sistema respecto al cumplimiento de los plazos y la reformulación del los proyectos.

Esto generó un desarrollo asimétrico donde el único y mayor perjudicado fue Mendoza, ya que se han estado dando beneficios que superan el nivel de inversiones realizadas, por lo que han terminado subvencionando la estructura de costos fijos de las empresas promocionadas, haciéndolas dependientes de por vida de este régimen.

Según un trabajo elaborado para el Consejo Empresario Mendocino (CEM) en 1999, el compromiso de inversión en las provincias beneficiadas era de $11.018 millones (pesos-dólares). Teniendo en cuenta el sistema, el costo fiscal de esas inversiones a fines de la década pasada fue de $ 31.450 millones.

Esto significa, según el estudio del CEM elaborado por el estudio Dagnino Pastore, Costa y Asociados, es que por cada peso invertido en esas provincias el resto de la comunidad colocaba $2,86 en impuestos no recaudados. En otras palabras, hubiese sido mejor que el Estado Nacional les hubiese “regalado” la inversión que haber implementado este sistema promocional, afirma el estudio.

Es más, el costo fiscal de cada puesto de trabajo generado por la promoción fue de $461.000.
Sólo para Mendoza las pérdidas fiscales y de producción por efecto de esta ley significaron entre 1983 y 1999 unos 14.800 millones de pesos/dólares.

Daño severo

Pero la promoción industrial golpeó mucho más a Mendoza por el lado del nivel de actividad, pérdida de empresas y destrucción de puestos de trabajo. Tanto que aún hoy está muy lejos de haberse recuperado.

Si se analiza la evolución de la economía de Mendoza, medida por el Producto Bruto Geográfico en general y del sector Industrias Manufactureras en particular, desde la década de los ‘80 cuando arrancó la promoción industrial hasta ahora, y se la compara con lo ocurrido en otras provincias que tienen información estadística comparables, las consecuencias son más que evidentes (ver gráficos).

En 1982, la industria manufacturera representaba el 24,67% de la economía total de Mendoza. Ese mismo año, este sector en San Luis tenía una participación del 11,7% sobre el total del PBG.

El sector fue evolucionando en Mendoza y tras tocar el “techo” del 36% en 1990, fue cayendo sistemáticamente hasta representar en 2007 sólo el 15,5% del total de la economía. Mientras que con datos sólo al 2005, en San Luis la industria representa actualmente el 48% del PBG total, lo que habla de una economía fuertemente fogoneada por los beneficios de la promoción industrial que fueron directamente manejados por el gobierno de esa provincia.

Pero hay más. Tomando un estudio sobre “Transformación de la Industria en la región de Cuyo” dirigido por Alberto Gago en base a los censos industriales de los últimos 50 años, entre la década del ‘80 y 2004 Mendoza pasó de tener 5.297 a sólo 2.304 empresas industriales. Eso significa que en sólo 20 años la provincia perdió el 56,5% de sus industrias.

Esto tuvo su correlato directo en el nivel de empleo del sector. Es que en esos mismos 20 años la industria en Mendoza pasó de dar trabajo directo a 59.567 personas a sólo 29.014. Esto es una caída del 51,3%.

Frente a este escenario y al daño producido, es lógico que cualquier mención a una posible prórroga de los beneficios de la promoción industrial o bien de la reasignación de cupos genere crispación en el sector empresario mendocino.

Qué se está discutiendo

Pero frente a la versiones periodísticas y declaraciones de funcionarios políticos de las distintas provincias involucradas, es conveniente plantear qué se está discutiendo, qué puede pasar y, tal vez lo más importante, qué se debería hacer a futuro, teniendo en cuenta la debilidad manifiesta del sector industrial a los vaivenes económicos del país.

Por lo pronto, mientras desde La Rioja se habla de extender por otros 15 años los beneficios de la promoción industrial, esto es la exención en el pago de impuestos como IVA, Ganancias y bienes personales tal y como ha venido sucediendo hasta ahora, en San Juan se habla de la posibilidad de reasignar cupos mientras se rediscute un nuevo régimen de promoción que incluya esta vez a Mendoza, según declaró el gobernador José Luis Gioja.

Cualquiera de las dos primeras variantes generará perjuicios a nuestra provincia.

“El decreto 1925/04 establece que se puede modificar el objeto de los proyectos industriales, aunque no se modificaba el costo fiscal original. Apelar a esta falacia es reactivar la promoción industrial. Si la empresa no cumplió debe ser sancionada y el beneficio quitado. Prorrogar el beneficio o permitir reformular el proyecto implica cambiar las condiciones originales, por lo que es iniciar un nuevo proceso de promoción”, criticó Oscar Fornés, presidente del CEM.

“La aparición de esta noticia, obliga a ponernos en guardia. No creo que por los dichos de un gobernador solamente, en este caso el de La Rioja, se pueda ignorar que una prórroga de 15 años asestaría un golpe definitivo a vastos sectores de nuestra producción, siendo el más afectado el olivícola. No olvidemos que Mendoza fue llevada del primer lugar como productora olivícola nacional al cuarto puesto que hoy detenta por los efectos de estos regímenes”, opinó Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo (CCEC).

Por ahora las reuniones se repiten y con la guardia en alto tras reunirse la semana pasada, las cámara empresarias CEM, CCEC, Federación Económica de Mendoza y la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe) ya le solicitaron una reunión informativa y esperan una respuesta del gobernador Celso Jaque en los próximos días.

Y mientras estos sucede, ya se escuchan distintas alternativas sobre por dónde puede venir una alternativa de solución.

“La promoción industrial, como política activa, debería ser general, clara y transparente. Debería estar incluida en el presupuesto, para que se conozca y se explicite su costo fiscal, y debería alentar la inversión y no producir una reducción artificial de los costos de medios de producción. Y el control no debería estar en manos de quien sólo recibe los beneficios y no incurre en el costo fiscal (las provincias controlaban las pérdidas en las arcas nacionales)”, explicó Fornés.

“Se reclama al sector gubernamental el establecimiento de políticas claras, a largo plazo, que permita a los actores económicos ajustarse a una planificación estratégica coherente, sin la generación de sobresaltos por el ímpetu de logro de beneficios que algunos gobernadores detentan”, agregó Mario Bustos Carra.

En momentos en los que las ventajas del tipo de cambio se agotan, se hace necesario discutir políticas de desarrollo con equidad y que fomenten la integración.

“Hay que buscar equilibrios regionales que apoyen eslabonamientos productivos y el Estado tiene un rol fundamental. Hoy no tenemos un Estado ausente, tenemos un Estado destructor”, reclamó Alberto Gago, para quien también es necesario definir estrategias conjuntas de mediano plazo que fomenten la integración y beneficien a las zonas deprimidas tanto de las vecinas provincias como las de Mendoza, que también las tiene.

Y en el afán de promover la integración, aparecen ejemplos de empresas que ya están trabajando con encadenamientos productivos como el grupo Peñaflor, Salentein y hasta el propio Fecovita, por nombrar algunos ejemplos.

http://www.losandes.com.ar/notas/2008/10/5/economico-384839.asp

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