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La venta del mosto en manos del Estado

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09/10/08
Fuente: Diario Los Andes

Con el objeto de elevar el precio durante la cosecha, el Gobierno provincial tomó la decisión de comprar uva para fabricar mosto y ahora tiene que venderlo. Creemos que, como sucede en el resto de la actividad vitivinícola, el mosto -como producto- ha alcanzado la mayoría de edad y hay que dejarlo caminar solo. La decisión del Gobierno provincial de salir a vender 19 millones de litros de mosto que están en su poder, ha generado una lógica discusión entre los privados que quieren adquirirlo para hacer frente a compromisos asumidos y el Estado, que intenta alcanzar algún dividendo como resultado de la operación. La apuesta oficial, según señaló Los Andes, apunta al hecho de que la venta se realiza en un contexto de mayor demanda y en un mercado internacional con precios en alza …

Desde Mendoza Fiduciaria, entidad conformada dentro del Fondo de Transformación y Crecimiento para tratar el tema, se indicó que el mosto en manos del Estado posee 220 gramos de azúcar por litro, lo que lo convierte en un producto ideal para la exportación y lo hace apetecible para la actividad privada para cubrir la demanda, más aún en un año en que, como consecuencia de las lluvias y el granizo de la última temporada, muchos productores se apresuraron a cosechar, con lo que la uva no alcanzaba el grado necesario para ser destinada a mosto.

Más allá de esa situación, cabría preguntarse por qué tiene que haber mosto en manos del Estado, cuando su función específica nada tiene que ver con la compra de uva, la elaboración de vino o la fabricación de mosto. Se adujo, en su momento, que lo hizo para elevar el precio de la uva, pero la realidad marca que la actividad vitivinícola ha demostrado una suficiente madurez como para desenvolverse sin la “ayuda” del Estado.

Más aún, en su oportunidad y en una decisión oportuna, el Gobierno se deshizo de la ex bodega estatal Giol, al entregar su manejo a distintas cooperativas, en lo que hoy constituye Fecovita.

Giol fue utilizada durante muchos años para regular el mercado de vinos y, cuando su función no alcanzaba, el Estado recurría a bloqueos, prorrateos o cupificaciones, que no hacían más que alargar la agonía por la que transcurría el sector.

Posteriormente, la propia industria se encargó de encontrar la solución. Contribuyó para ello la fuerte erradicación de viñedos que se produjo, a lo que siguió una importante reconversión de vides hacia variedades finas. La incorporación de tecnología en bodegas y la apertura hacia los mercados internacionales constituyó entonces la salida “natural” que se encontró para la crisis.

Por otra parte, para evitar la superproducción de vino, se logró un acuerdo con San Juan para derivar una parte de la producción de uvas hacia mosto, con lo que se abrió un nuevo mercado, aunque, para muchos, esa diversificación debería incluir también el fomento de la derivación a pasas o a la uva en fresco.

La vitivinicultura se ha diversificado, ha ganado mercados internacionales (las exportaciones superan los 600 millones de dólares), mantiene el prestigio a través de una excelente relación calidad precio y hasta ha conformado un plan estratégico que tiene como objetivo una facturación de 2 mil millones de dólares para los próximos diez años.

Sin embargo, permanecen viejos vicios, esencialmente en la participación del Estado en este rubro. Es, sin duda, la actividad agrícola más protegida y a modo de ejemplo puede señalarse que mantiene un trato diferencial respecto de la horticultura y la fruticultura cuando se producen accidentes climáticos, como heladas o granizo.

El Gobierno participa en el mercado de uvas -comprando para fabricar mosto- a los efectos de que los precios sean sostenidos, situación que no se plantea con el durazno o el ajo, por señalar sólo dos productos y hasta se da el caso que autoriza -vía Legislatura- prórrogas continuas en algunas deudas, como sucede con muchos de los afectados por la helada de 1992 que todavía no cancelan.

En el tema específico del mosto, al fijarse un porcentaje alto de derivación de uvas a ese producto (en los últimos años fue de 30%), el Gobierno genera una oferta cautiva y permite que los fabricantes privados se beneficien, en razón de que tienen asegurada, de antemano, una provisión de millones de kilos de uva y sólo tienen que sentarse a esperar a que los productores lleguen a sus empresas empujados por el porcentaje oficial.

Así, al no haber demanda, la uva no tiene precio, por lo que el Gobierno debe salir a comprar uva para tratar de elevar el precio y paralelamente alquilar vasijas para retener el mosto en su poder. Un círculo vicioso.

Creemos, tal como ocurre con el resto de la actividad vitivinícola, que después de 14 años el mosto alcanzó la mayoría de edad y, por lo tanto, hay que dejarlo caminar solo.
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/10/9/editorial-385604.asp

Written by danroc

9, octubre 2008 a 11:39 am

Publicado en noticias

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