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Buenos Aires: Los vinos circulan en libertad

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02/01/09
Fuente: Diario Judicial

La Cámara Federal de La Plata confirmó una resolución mediante la cual se le prohíbe a dos municipios bonaerenses cobrar tasa de abasto o inspección sanitaria a una bodega, que comercializa vinos en esos distritos. Los camaristas reconocieron que ya existe un organismo nacional que regula la actividad. Los jueces de la Sala II del Tribunal rechazaron el recurso de apelación formulad por los municipios de Lomas de Zamora y Almirante Brown, ambos de la provincia de Buenos Aires, e hicieron lugar a la firma Bodegas y Viñedos Lopez S.A.I.C. …

“La Ley 14.878 creó el Instituto Nacional de Vitivinicultura con jurisdicción en todo el territorio de la Nación, estableciendo su competencia en la promoción y contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícolas”, alegaron los jueces Leopoldo Schiffrin, Gregorio Julio Fleicher y Carlos Román Compaired.

La empresa había cuestionado las ordenanzas municipales Nº 3501 y 3658, con las cuales se les fijaba una “Tasa de Abasto” o control Bromatológico a los productos vinícolas. Ante ello, sostuvo que existe una inaplicabilidad, inobservancia y violación de lo dispuesto por la Ley Nacional de Vinos Nº 14.878.

Además, la bodega recordó que el Instituto Nacional de Vitivinicultura realiza directamente los controles, y que ésta es la única autoridad de aplicación de la ley de vinos.

“Aparece clara la función de policía del organismo, no sólo de control sino que, particularmente, se destaca su función de fomento que corresponde al denominado “poder de policía de bienestar o de progreso, por cuanto una parte importante de los recursos económicos que dispone deben afectarse a actividades de promoción de esta industria”, según expresaron en el fallo los jueces.

En tanto, los camaristas explicaron que “el control de la existencia del certificado del Instituto no puede considerarse una actividad del gobierno local sujeta a pago” sino que “la reiteración de una tasa por un servicio ya cumplido puede interpretarse como una traba a la libre circulación de mercancías que está garantizada por la Constitución Nacional”.

Ante ello, los jueces confirmaron la resolución de primera instancia y rechazaron el recurso interpuesto por los municipios, con lo cual suspendieron la aplicación de una taza de abasto o inspección sanitaria.

Fallo Completo

MUNICIPALIDAD. “TASA DE ABASTO”.CONTROL BROMATOLÓGICO. CAUTELAR. PROHIBICIÓN DE INNOVAR.
LEY 14.878.INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA. EJERCICIO DEL “PODER DE POLICÍA DE BIENESTAR O DE PROGRESO”-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIÓN – EN MATERIA DE VINOS. CONTROL DE LA EXISTENCIA DEL CERTIFICADO DEL INSTITUTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD SUJETA A PAGO. INTERFERENCIA CON FACULTADES QUE CORRESPONDEN AL ESTADO NACIONAL POR MEDIO DEL I.N.V.
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
//Plata, 29 de abril de 2008. Rtro. S.II T. 164 f* 99/101
AUTOS Y VISTOS: este expte. n10.814/05, caratulado: “Bodegas y Viñedos Lopez c/ Municipalidad de Almirante Brown y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, procedente del Juzgado Federal de Lomas de Zamora.
Y CONSIDERANDO QUE:
EL DOCTOR SCHIFFRIN DIJO:
I. Llegan estas actuaciones a la alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Municipalidad de Almirante Brown,(…)., con expresión de agravios(…), contra la resolución de primera instancia (…) que hizo lugar a la prohibición de innovar solicitada por la actora. Luego del traslado, la pieza recursiva fue contestada por la parte actora, (…).
II. Un examen de las actuaciones demuestra que estas se originaron con la acción interpuesta por la firma Bodegas y Viñedos Lopez S.A.I.C. contra la Municipalidad de Almirante Brown y de Lomas de Zamora con el objeto que se declare la nulidad, ilegalidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ordenanzas n3501 y 3658, como también de las resoluciones que emanen de la aplicación de las normas citadas, emitidas por dichos organismos municipales, que imponen la llamada “Tasa de Abasto” o control Bromatológico a los productos vinícolas.
Entre otras argumentaciones, la empresa accionante sostiene que las normas municipales vulneran derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional, en particular el derecho a la libre circulación de mercaderías dentro del territorio argentino (arts.9 a 11 de la CN.). Asimismo, expresa que en autos se produce la inaplicabilidad, inobservancia y violación de los dispuesto por la Ley Nacional de Vinos n14.878.

En este marco de análisis, estima que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura el que regula la actividad del sector vinícola y libera la comercialización de los productos al amparo de un certificado de análisis que asegura sus condiciones y la aptitud sanitaria para el consumo humano y libre circulación. Considera que no necesita control alguno de sanidad en la comercialización de su mercadería en la Provincia de Buenos Aires, porque lo realiza directamente el citado organismo, que es la única autoridad de aplicación de la ley de vinos.
También, expresa que el vino no está sujeto a control ni reinspección veterinaria, por el que deba aplicársele una tasa, porque éste se ejerce sobre alimentos derivados de animales y no sobre bebidas.
Asimismo, dice que las ordenanzas que se cuestionan provocan aumentos en los costos de transporte y disminuyen la capacidad de consumo de los ciudadanos, sin beneficios justificados para las comunas. Concluye, pues, que las tasas de control bromatológico y sanitario se han convertido en una contribución fija por unidad, sin existir control real alguno sobre los productos, violándose la libre circulación garantizada por la Constitución Nacional.
Por último, solicita medida cautelar, ordenando la no aplicación de la Tasa de Abasto o Inspección Sanitaria a los productos vinícolas comercializados dentro de los Municipios demandados, con aplicación de la Ley Nacional de Vinos 14.878.
III. La señora jueza de primera instancia, accedió a la solicitud precautoria en el decisorio (…). y ordenó a las Municipalidades de Almirante Brown y Lomas de Zamora que se abstengan de aplicar, respectivamente, las ordenanzas n3.501 y 3.658 a los productos que distribuye y comercializa en sus respectivas jurisdicciones la empresa actora, hasta que se resuelva el pleito.
IV. Por su parte, la Municipalidad de Almirante Brown en su expresión de agravios, sostiene que en el caso la medida cautelar no procede por cuanto no se han evaluado correctamente los antecedentes del caso y se ha prescindido de los recaudos ineludibles del art.230 del CPCC., al tomar como base para su dictado las afirmaciones erróneas de la actora.

Basa su crítica en que la resolución avanza sobre normas y decisiones de corte administrativo, soslayando sin fundamento la presunción de legitimidad que envuelve el proceder de la Administración Pública.
Sostiene que la decisión atacada le causa agravio porque le impide el ejercicio de su legítimo poder de policía en materia de competencia municipal, incluida la de control de salubridad y salud pública. Además, expresa que la medida dispuesta le imposibilita fiscalizar el correcto transporte, distribución, comercialización e, inclusive, la efectiva expedición por parte de la autoridad competente de los certificados que acreditan que las mercaderías a consumir en el distrito se encuentran aptas para el consumo humano.
Funda su derechos en las normas de la Constitución Nacional (arts.5 y 123), Constitución de la Provincia de Buenos Aires (arts.190 y 192), Ley Orgánica de las Municipalidades (arts.26, 27 y 226) y, de manera particular, sostiene que la resolución apelada no indica en forma clara y precisa a qué artículo del Código de Faltas de la Municipalidad -ordenanza 3.501- hace referencia para establecer el perjuicio que la norma causaría a la actora.
Sostiene – en síntesis- que es obligación legal de la actora someter las remesas de vino que ingresan al distrito municipal al control relativo a la existencia o no del certificado sanitario que debe expedir la autoridad nacional, porque ello corresponde al legítimo ejercicio de poder de policía municipal en orden a la salud de la población. En consecuencia, niega que se regule, desde la órbita municipal, en materia comercial, aduanera o de tránsito de mercaderías.
Por último, dice que no comprende la valoración del a quo en cuanto al peligro de mantener la situación de hecho existente al momento del dictado de la cautelar atacada.
V. 1. Sentado ello, conviene recordar que la procedencia de medidas cautelares requiere la verificación de los presupuestos de verosimilitud del derecho invocado y de peligro en la demora, tal como lo determina el art.230 del CPCC.

Y que lo que se intenta proteger “… No es, pues, el peligro genérico de daño jurídico …, sino que es, específicamente, el peligro del ulterior daño marginal que podría derivar del retardo de la providencia definitiva …” (Calamandrei, Piero “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”, ps.42/43).
En otras palabras, el dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza acerca del derecho pretendido sino solo su verosimilitud o apariencia y se justifica cuando tiene como finalidad evitar que la sentencia que concluye el pleito se convierta en ilusoria.
Por otra parte, cabe señalar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que las medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez (Fallos 313:1420, “Firestone de la Argentina s/ Recurso de Apelación IVA -medida de no innovar”, del 11/12/90; 316:2922, “Massalin Particulares S.A. c. DGI.”, 9/12/93), circunstancia que no impide, llegado el caso, su concesión, pero exige una fundamentación más rigurosa.
Asimismo, también es preciso tener en cuenta, que su otorgamiento no debe comprometer un interés público al que deba darse prioridad.
2. Pues bien, observados estos recaudos, estimo que los argumentos con que la apelante funda sus agravios no logran conmover la decisión apelada.
En efecto, la ley 14.878 creó el Instituto Nacional de Vitivinicultura con jurisdicción en todo el territorio de la Nación, estableciendo su competencia en la promoción y contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícolas (art.2).
En este sentido, aparece clara la función de policía del organismo, no sólo de control sino que, particularmente, se destaca su función de fomento que corresponde al denominado “poder de policía de bienestar o de progreso” (art.75 inc.18 CN.), por cuanto una parte importante de los recursos económicos que dispone -entre los que se halla el producido del cobro de tasas, según el art.9-, deben afectarse a actividades de promoción de esta industria. En efecto, el art.10 dispone que por lo menos el 57% de sus recursos anuales deben afectarse a la creación de un fondo destinado al fomento de la vitivinicultura.

Por otra parte, merece detenerse en el art.14, que establece: “Los productos a los que se refiere esta ley no podrán librarse a la circulación sin el previo análisis que establezca su genuinidad y aptitud para el consumo al que deberán responder en todo momento, con las tolerancias que provengan de su evolución natural, y sin aquellos requisitos que la reglamentación de la presente ley disponga para su mejor identificación. El número del certificado de análisis que corresponda a los productos deberá acompañarlos siempre como elemento de identificación”.
En relación con lo expuesto, el Alto Tribunal dijo que: “En aras de la protección de la salud pública, el fomento y consolidación de la industria respectiva, cabe reconocer al Instituto Nacional de Vitivinicultura en ejercicio del poder de policía fuertes poderes de fiscalización, control e inclusive, sancionatorio” (D.37 XXIV Instituto Nacional de Vitivinicultura y otro, del 1/03/94, fallos T. 317, P.126).

3. Considerando el tema que nos ocupa, la atribución legislativa en esta materia debemos ubicarla como competencia concurrente del estado federal y el local, dentro de la concepción amplia de poder de policía denominado de “bienestar o progreso” -arts.75 incs.18 y 19 y 125 de la Constitución Nacional-.
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: “Las normas legales y reglamentarias en materia de policía de vinos tienden a la necesaria protección de la salud de los consumidores y al fomento y consolidación de la industria respectiva, lo cual se concreta a través de un sistema de control cuyo cumplimiento debe ser estricto” (V. 251. XXI. Vega, Andrés Roberto y otro c/ Inst. Nac. de Vitivinicultura s/ ac. de inconst. medida de no innovar, del 23/08/88, repertorio de Fallos T. 311 , P. 1565).

También ha señalado, en relación con la policía de vinos, que constituyen “el legítimo ejercicio de facultades concurrentes de las provincias para intervenir, por vía reglamentaria…, con fundamento en los poderes de policía para la protección de la salubridad pública”. Y, destaca, que el ejercicio de estas facultades concurrentes, “sólo puede considerarse incompatible con las ejercidas por las autoridades nacionales cuando, entre ambas, medie una repugnancia efectiva, de modo que el conflicto devenga inconciliable” (B. 121. XXIX. Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. S.A.C.I.F.A. c/ Mendoza, Pcia. de s/acción de inconstitucionalidad, del 1/11/99, Fallos 322:2780).
4. Ello sentado, dentro del marco de una cautelar, analizando la facultad que dice poseer la municipalidad apelante para realizar un control sobre el análisis y certificación realizado por el Instituto Nacional de Vitivinivultura, esta verificación no parece conciliable con la actividad de un organismo nacional que actúa dentro de su competencia y que provoca, además, que la bodega actora deba oblar una tasa al municipio sobre esta materia.
El control de la existencia del certificado del Instituto no puede considerarse una actividad del gobierno local sujeta a pago. Por el contrario, la reiteración de una tasa por un servicio ya cumplido, justificada como ejercicio del poder de policía del municipio, puede interpretarse como una traba a la libre circulación de mercancías que está garantizada por la Constitución Nacional (arts.9, 10, 11 y 126).
Las disposiciones dictadas sobre la base del ejercicio del poder de policía municipal interfieren, prima facie, las facultades que corresponden al Estado Nacional, por medio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, sobre la actividad de control y promoción de la industria de vinos. La norma federal, ley 14.878 (según repertorio de fallos de la Corte Suprema: 298:175; 300:65; 310:703), demuestra suficientemente la posible repugnancia entre los dos órdenes normativos. Si la atribución de control y fomento la ha ejercido la autoridad nacional, en el marco de la Constitución Nacional, debe prevalecer -en este examen cautelar- el precepto federal, por su carácter de ley superior.

Los recaudos de las medidas cautelares aparecen con suficiente claridad para confirmar el decreto precautorio, tanto en virtud de la confrontación constitucional de normas, que dan un grado de apariencia en el derecho, como, asimismo, una decisión contraria provocaría la frustración de la finalidad buscada con la cautela, ya que se consumarían los perjuicios que con la acción se intentan impedir, obligando a la actora a acatar normas municipales cuya legitimidad se encuentra cuestionada.
VI. Por ello, soy de opinión que debe rechazarse el recurso de apelación deducido y, en consecuencia, confirmarse la resolución de fs.48 y vta. Con costas de alzada a cargo de la recurrente vencida (art.68 CPCC.).
LOS DOCTORES FLEICHER Y COMPAIRED DIJERON:
Que adhieren al voto que antecede.
Por ello, en virtud del Acuerdo que precede, se RESUELVE: rechazar el recurso de apelación deducido y, en consecuencia, confirmar la resolución (…)..Con costas de alzada a cargo de la recurrente vencida (art. 68 CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase. Firmado Jueces Sala II Dres. Leopoldo Héctor Schiffrin. Gregorio Julio Fleicher. Carlos Román Compaired.

Written by danroc

2, enero 2009 a 11:01 am

Publicado en normativa

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