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La piedra, el seguro y el Estado

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17/01/09
Fuente: Diario Los Andes

Volvieron a quedar en evidencia las especulaciones -sectoriales y políticas- a la hora de reclamar el daño por las tormentas y a la hora de responder con especulaciones políticas. Hubo escasa responsabilidad en ambos flancos. Es hora de que los emprendimientos privados del agro se administren con seriedad y criterios de eficacia, compartiendo el esfuerzo por los métodos de protección. Y que el Estado racionalice sus recursos públicos, siempre escasos …

El contraste de actitudes políticas entre funcionarios del gobierno provincial y los de la intendencia de General Alvear y el drástico replanteo de la dimensión de los daños por las tormentas graniceras en el sur -de una primera estimación de 18.000 hectáreas afectadas se bajó ahora a 8.000- han desnudado con crudeza las especulaciones sectoriales que se hacen desde siempre, en todos los confines del territorio, sobre los daños climáticos en la producción y con la asistencia pública a los afectados.

El reclamo de los productores -por lo general airado contra el poder público e impreciso- es una reacción emocional comprensible, ante la destrucción de una parte o la totalidad de sus potenciales cosechas laboradas con mucho esfuerzo e inversión.

Por lo general, claman por ayuda oficial con informes emotivos, pero imprecisos. Y hay funcionarios -municipales y provinciales- que se suman a la ola de angustias y con ligereza hablan tanto del daño como de los recursos públicos prometidos para asistir a los productores, sin esperar la estimación técnica del destrozo y la determinación del origen de los fondos que serán aplicados.

Unos sobreestiman el daño, conmocionados. Otros responden rápidamente con dialéctica política, improvisando estimaciones sobre la destrucción y por ende respecto de los recursos que se comprometen ante las cámaras de TV.

Esta es una dialéctica casi cotidiana, inmemorial, que, sin embargo, genera expectativas sobredimensionadas y compromisos y luego abastece fricciones que se contaminan con especulaciones políticas. Estos días de titulares han sido un contraste grotesco y preocupante de esta situación, de idas y contramarchas, de cifras cuantiosas y correcciones apuradas.

Esto debe ser racionalizado con rigor técnico, para beneficio de los propios productores y de los contribuyentes que en definitiva son quienes abastecen las arcas públicas desde donde salen los recursos para asistir a los afectados por los daños climáticos.

Desde estas mismas páginas hemos prevenido en torno a la necesidad de que se le otorgue seriedad a la metodología de asistencia y se procure extender culturalmente la necesidad de la calma, precisión y conocimiento de todo lo que los propios productores pueden hacer en sus emprendimientos, para prevenir y cubrir sus esfuerzos ante lo imprevisible del clima y otros riesgos.

Es indiscutible que en Mendoza el agro promueve muchas otras actividades -la agroindustria y la comercial, por ejemplo- y cómo se multiplica ese daño en otros pilares de nuestro PBG. Por eso, el agro cuenta en la vitivinicultura, la fruticultura y la olivicultura, con lucha antigranizo y un seguro de costos de producción, que en su totalidad afronta el Estado.

Son conocidos, por otra parte, los históricos fracasos por sumar a los productores particulares en la financiación de la lucha y del seguro agrícola (hay intentos institucionales fracasados y deudas nunca cobradas por los intentos de seguros mixtos, privados y estatales).

Esto sin perjuicio de las líneas de crédito subsidiado por el Estado, para que los productores básicos pymes, vayan cubriendo sus fincas con tela antigranizo o para la instalación de modernos sistemas de riego. En tela antigranizo aún no se cubre el 10 % de la superficie vitivinícola, por ejemplo. Y en riego moderno, menos aún.

De manera que, además de afinar el procedimiento para la estimación de los daños, la asistencia e indemnización a los productores inscriptos en el RUS o la cobertura crediticia para tela antigranizo, es necesario que gobierno y productores encaren, de una buena vez, sistemas de protección frente a contingencias climáticas, sistemas que deberán ser accesibles, eficientes y cuyos costos gradualmente vayan siendo absorbidos por los propios beneficiarios del negocio agrícola.

Como hemos señalado ante grotescos casos de exageraciones y aprovechamiento político del daño del granizo -como lo fue en tiempos de heladas- es hora de que todos los protagonistas le pongan seriedad al problema y asuman sus respectivas responsabilidades -empresaria o como funcionarios políticos- con el rigor que los tiempos demandan.

Porque la finca debe ser administrada en términos de eficiencia moderna -esto incluye por lo menos compartir los métodos de protección- como ya ocurre en algunos tipos de producción. Y el Estado debe racionalizar sus recursos públicos siempre escasos, porque debe aplicarlos a sus funciones básicas insoslayables (educación, salud, seguridad, justicia, por ejemplo).

El Estado, por cierto, deberá colaborar, pero -como hemos sugerido desde estas páginas- los productores deberían ir imitando métodos de protección sectorial, como se hace en otros sectores y países, para administrar su propia seguridad, incluso con contribución estatal. Es una sana manera de desarrollar la producción y cuidar con responsabilidad los escasos recursos del Estado, abastecido por todos los contribuyentes.

http://www.losandes.com.ar/notas/2009/1/17/editorial-403597.asp

Written by machimar

19, enero 2009 a 4:45 pm

Publicado en noticias

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